El reciente caso mediático en el que, supuestamente, el Banco de España investigó a un directivo por asesorar a la comisión parlamentaria por la crisis económica en España sin permiso ha vuelto a poner de relieve las condiciones en las que sería ilícita la obtención de una prueba digital en el proceso laboral. El Banco de España investigó la ayuda de uno de sus directivos a la comisión parlamentaria que quería esclarecer lo ocurrido en España en la crisis financiera el pasado año. El organismo ordenó a peritos informáticos de Deloitte que extrajeran los correos electrónicos de esta persona con cuentas sospechosas de miembros del PSOE y llegó a analizar emails personales de diputados. Así aflora en el pliego de cargos contra el despido en las acciones judiciales que este directivo ha instado en los tribunales. El supervisor analizó en el buzón de Pérez correos personales del entonces portavoz socialista […]
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