Perito judicial informático colegiado – Pedro De La Torre Rodríguez

Los peritos informáticos colegiados son ingenieros técnicos en informática que auxilian a los tribunales de justicia en la valoración de pruebas digitales desde su pertenencia a un colegio profesional de ingeniería técnica en informática.

El mero hecho de que el perito informático pertenezca a un colegio profesional implica:

• Posee la titulación oficial que da acceso a la profesión de ingeniero técnico en informática y puede, por tanto, actuar legalmente como perito informático en España.
• Que está obligado a cumplir las reglas éticas y de prestación de servicios establecidos en la deontología de la profesión.
• Que debe velar especialmente por los derechos constitucionales de las partes y por el propio funcionamiento de la Administración de Justicia.
• Que cursan formación continua en materia de informática forense y pericial informática establecidos en el seno de su colegio profesional.
• Que su dictamen pericial puede ser legalmente visado por su colegio profesional.

Los peritos informáticos colegiados cuentan con un plus de credibilidad ante la Sociedad, como garantes del interés general en su desempeño profesional y no sólo de quien le contrata, debiendo proteger el interés de la sociedad y facilitar y potenciar el funcionamiento de la Administración de Justicia.

La peritación informática es un acto propio de la profesión de ingeniero técnico en informática, la cual requiere de una especial capacitación y está sometida a control colegial por ley. Ello se debe a que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos, estando así plasmado en el artículo 18.4. de la Constitución Española:

«4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos»

Como claro ejemplo del mandato Constitucional, cabe examinar la Ley 12/2005, de 31 de mayo, de creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía. , y más concretamente el último párrafo de su preámbulo:

«La protección frente a abusos informáticos, el intrusismo profesional y la influencia que la nueva técnica puede ejercer en detrimento de la privacidad del ciudadano hacen indispensable la ordenación de la profesión y su control deontológico, constituyendo las razones de interés público que avalan la creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía.»

En términos análogos se han expresado los legisladores del resto de comunidades autónomas con competencias en la materia:

• Castilla La Mancha:  Ley 5/2002, de 11 de abril, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de Castilla-La Mancha , artículo 3.
• Comunidad Valenciana : Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad Valenciana , artículos 3 y 4.
• Islas Canarias:  Ley 7/2006, de 10 de noviembre, de Creación del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Canarias , artículo 4.
• Galicia:  Ley 8/2006, de 1 de diciembre, de creación del Colegio Profesional de Ingeniería Técnica en Informática de Galicia , artículo 3.2.

La actividad del perito informático colegiado afecta, entre otros, al Derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables y al propio funcionamiento de la Administración de Justicia, motivo por el que está sometida a control colegial obligatorio.

Un colegio profesional es una corporación de derecho publico amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Todos sus actos están sujetos a Derecho Administrativo.

Las corporaciones de derecho público son entidades autónomas que representan los intereses de ciertos sectores sociales ante los Poderes Públicos y desempeñan funciones públicas de ordenación de dicho sector.

Los fines esenciales de los colegios profesionales en los que se agrupan los peritos informáticos colegiados son:

• La ordenación del ejercicio de la profesión en sus distintas vertientes.
• La representación institucional exclusiva de la profesión.
• La defensa de los intereses profesionales de los colegiados
• La protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.

Un colegio profesional está legalmente amparado en cuanto satisface exigencias sociales concretas de interés general, canalizando la representación de los profesionales para que puedan participar del perfeccionamiento social a través de las Cortes Generales, Parlamentos autonómicos y/o entidades municipales. Los colegios están reconocidos por la Constitución Española.

Así pues, sólo los peritos informáticos colegiados tendrán el derecho inherente a ser oídos por los Poderes Públicos en lo relativo a su ámbito de ejercicio profesional.

La deontología profesional es el código de conducta que todos los profesionales colegiados están obligados a seguir, constituyendo un auténtico contrato con la sociedad en la que desempeñan su oficio.

El código deontológico no podrá contravenir las Leyes vigentes, ni los Derechos, Obligaciones y Libertades establecidas en las mismas.

El incumplimiento de la deontología profesional podrá tener consideración de falta leve, grave o muy grave según los criterios establecidos en los estatutos del colegio profesional, pudiendo aparejar incluso la inhabilitación profesional del perito colegiado.

Cuando un perito informático colegiado se vea en el conflicto de normas adversas o incompatibles con su deontología profesional que colisionen en un caso concreto, deberá resolver en conciencia, informando a las partes interesadas y a su colegio profesional de pertenencia.

El visado colegial es un documento emitido por los colegios profesionales de ámbito técnico sobre los trabajos técnicos realizados en el ámbito de la profesión.

El visado debe comprobar la identidad y habilitación profesional del autor de los trabajos así como la corrección formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo a la normativa aplicable.

Por ello, el visado del dictamen pericial, como servicio público, asegura a terceros que está realizado por un ingeniero técnico en informática legalmente habilitado y que se han tenido en cuenta las normas para su redacción por parte del perito informático colegiado.

Los requisitos que deberá cumplir un perito informático para colegiarse son:

• Poseer el título universitario oficial de Diplomado en Informática, de Ingeniero Técnico en Informática (especialidad Sistemas o Gestión), de Grado en Ingeniería Informática o titulación extranjera homologada por el Ministerio de Universidades a alguna de las anteriores.
• Abonar la correspondiente tasa administrativa en tiempo y forma.
• Cumplir con las normas generales de la profesión, los estatutos del colegio y con su deontología profesional.

En caso de incumplir las normas deontológicas, estatutarias y profesionales, el perito informático colegiado perderá su condición de tal. También en caso de impago de las cuotas colegiales.

Así mismo, el perito colegiado podrá quedar inhabilitado para el ejercicio profesional en casos de negligencia grave en el desempeño de la profesión.

La ley establece una serie de criterios de interés general que deberán ser cumplidos por los peritos informáticos colegiados y que justifican la restricción de acceso a la actividad profesional:

1. Protección de los ciudadanos frente a abusos informáticos.
2. Protección de la sociedad frente al intrusismo profesional.
3. Protección de la privacidad ciudadana frente a la creciente informatización.

La importancia creciente de la informática en prácticamente todos los sectores de la sociedad, su desarrollo científico y la evolución de la tecnología en los últimos 50 años han hecho que los legisladores restrinjan el ejercicio de la ingeniería técnica en informática, incluida la peritación, únicamente a los poseedores de una titulación universitaria oficial de ingeniería técnica informática.

¿Cómo protege el perito informático colegiado el interés general?

Lo primero que aporta el perito informático colegiado a la Sociedad es haber conseguido obtener la titulación oficial en ingeniería técnica informática.

La titulación oficial que da acceso a la profesión la aprueba el Gobierno de la Nación con el acuerdo del Consejo de Universidades, oídos los colegios profesionales, y su cumplimiento lo verifica la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Dicho proceso, extremadamente garantista, emana de la soberanía popular, a diferencia de las titulaciones propias no oficiales, que aprueba únicamente el rector de la universidad donde se imparte, sin verificación o control externo alguno.

La titulación que habilita para ejercer como perito informático tiene una duración de 4 años, de una elevadísima dificultad debido no sólo a los conocimientos puramente técnicos necesarios, sino también científicos y deontológicos que el profesional deberá poseer para ser auténticamente útil a la Sociedad.

A cambio de superar estas dificultades, la Sociedad establece una serie de derechos y responsabilidades que tendrán los peritos informáticos colegiados a través de la presentación de su título. Tanto es así que lo firma el rector de su universidad en nombre del Jefe del Estado, nada menos.

Por ello el intrusismo profesional resulta enormemente lesivo para la Sociedad, por suponer un quebrantamiento del contrato suscrito entre profesionales y Sociedad, en tanto que una serie de personas pretenden obtener los derechos profesionales de los peritos informáticos colegiados sin asumir deber alguno para con la Sociedad. Por este motivo los legisladores emanados de la Soberanía Popular han establecido reiteradamente como de interés general el combatir el intrusismo en el ámbito informático desde hace décadas.

Así pues, es completamente falaz el discurso de autodidactas y no titulados en cuanto a que poseen tantos o más conocimientos que los profesionales titulados, dado que no han acreditado oficialmente los conocimientos que la Sociedad ha establecido como mínimos y necesarios. Si tan elevados son sus conocimientos, no tendrían problema alguno en obtener la titulación oficial ¿verdad?

La actividad profesional del perito informático colegiado se rige por los siguientes principios:

• Independencia en el ejercicio de la actividad de perito.
• Debe actuar conforme a la dignidad de la profesión, absteniéndose de todo comportamiento que suponga infracción o descrédito.
• Debe ejercer como perito con una conducta irreprochable, guiada por la responsabilidad y rectitud.
• El perito informático colegiado debe ser honesto, leal, veraz y diligente en el desempeño de su función, y en la relación con sus clientes, compañeros y Tribunales
• Durante su desempeño profesional el perito considerará como primordial la seguridad, salubridad y bienestar público.
• La confidencia y la confianza son esenciales características de las relaciones con clientes, colegas y Tribunales, imponiéndose el deber del secreto profesional. El perito informático colegiado buscará guardar de todos los hechos y noticias de que conozca durante su desempeño profesional, así como de informaciones técnicas, económicas y de carácter personal, siempre y cuando no exista justificación legal en contra. Este secreto profesional subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el cliente o con la persona que lo hubiese generado.
• En el desempeño de las actividades profesionales contratadas el perito velará por la satisfacción de los intereses del cliente, siempre que tales intereses no entren en conflicto con el interés público y/o la legislación vigente.
• El perito colegiado tratará con respeto a todas las personas sin distinción y velará por la protección de los derechos humanos.
• El perito informático colegiado deberá desarrollar su labor con sentido de responsabilidad y aceptar a su vez la responsabilidad total por el trabajo realizado. Admitirá sus propios errores sin alterar ni distorsionar hechos o desviar culpas.
• El profesional mantendrá relaciones de respeto, afecto, solidaridad y colaboración con los demás compañeros de profesión.
• El perito informático colegiado apoyará todo lo que redunde en beneficio y prestigio de la profesión, y no contradiga sus deberes deontológicos.
• Como partícipe de la evolución de la sociedad de la información orientará sus actuaciones al impulso de la misma y al servicio de la Sociedad y su correcto desarrollo tecnológico.
• El perito informático colegiado debe cumplir y velar por el cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico de aplicación en su trabajo.
• El perito deberá buscar la solución tecnológica más adecuada a las necesidades y capacidad presupuestaria del cliente
• El colegiado deberá evitar la imposición de tecnología o técnicas de trabajo que no se correspondan con las necesidades y capacidad presupuestaria del cliente o que puedan colisionar con el interés público.
• El perito informático colegiado actuará con solidez en la fundamentación objetiva y científica de sus actuaciones profesionales.

Sólo un perito informático colegiado puede obtener el visado del informe pericial. Ello supone no sólo la acreditación de la corrección formal del trabajo o la habilitación legal del perito, sino la presencia y mediación de una entidad de Derecho Público que responde subsidiariamente de todos estos extremos en caso de problema. También puede ejercer la mediación en caso de conflicto con el perito colegiado e incluso tramitar quejas y reclamaciones frente al profesional.

Los tribunales de justicia suelen valorar muy positivamente que un informe pericial informático esté visado, especialmente en caso de existir informes contrapuestos que no estén visados.

En vista de todo a lo anterior, la Sociedad ha otorgado a los peritos informáticos colegiados el deber de evitar y combatir los abusos informáticos que pueda sufrir la propia Sociedad (ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas).

Uno de los principales núcleos de abusos informáticos se están cometiendo en el entorno de las llamadas Asociaciones de Peritos Informáticos Judiciales. Diversas sentencias judiciales han alertado ya del modus operandi de estas entidades:

• • La utilización de una denominación "perito judicial" que no se ajusta a las circunstancias de estas personas, ya que no tienen ningún tipo de vinculación específica con los Juzgados.

• • La utilización de emblemas o sellos que incluyen el símbolo de la Justicia (la balanza).

• • La expedición de diplomas o certificados según los cuales, al margen de un título académico oficial previo, habilitan -se dice- para ejercer las más diversas actuaciones como perito en los Juzgados y Tribunales.

• • La manifestación de que la realización de sus cursos habilita para ejercer la función de perito sin ningún otro requisito más que la mera realización de dicho curso, que habitualmente no exige de ningún tipo de requisito previo (título académico oficial, colegiación profesional, etc.).

• • La utilización de la expresión "colegial" en la denominación de la correspondiente entidad, e incluso de la asignación de un "número de colegiado", que, de alguna forma, pretende hacer creer que se trata de una persona adscrita a un colegio profesional.

• • El paradigma de lo indicado es la denominación social de la "Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España", que incluye hasta cuatro expresiones con ánimo de conceder una apariencia de oficialidad o vinculación con los órganos judiciales de la que carece: "Profesional", "Colegial", "Judiciales" y "Reino de España".

Así mismo, hay que incidir en que únicamente un colegio profesional puede emitir legalmente un visado. Pese a ello existen meras asociaciones de supuestos peritos informáticos judiciales que emiten visados sin capacidad legal para ello, en un intento de arrogarse el reconocimiento legal y social de los colegios profesionales. Extreme las precauciones: no se trata de peritos informáticos colegiados y, en muchos casos, carecen de habilitación legal alguna, que tratan de disimular haciendo creer que se trata de un visado oficial.

Una de mis principales tareas como perito judicial informático colegiado consiste en valorar el origen, autenticidad e integridad de pruebas digitales de todo tipo. Con ello el tribunal tiene la tranquilidad de que no se trata de pruebas manipuladas y puede valorarlas junto al resto del conjunto probatorio teniendo esa tranquilidad. No corresponde al perito judicial informático valorar el contenido en sí de las pruebas, a no ser que se trate de componentes de un sistema informático o de un dispositivo electrónico. Un error común de todo perito judicial informático novato consiste en tratar de sustituir o condicionar la valoración del tribunal, por ejemplo al valorar la escena reflejada en un fichero de audio o vídeo. Ello es un error.

Otra de mis tareas como perito judicial informático colegiado consiste en examinar documentación técnica relativa a algoritmos de software, proyectos técnicos de ingeniería informática, pliegos de prescripciones técnicas, informes facultativos emitidos por terceros y un largo etcétera. Al perito judicial informático se le requiere para que contraste dichos documentos, valorando de forma razonada su corrección o incorrección, y en su caso el grado de afectación que dichos errores o carencias pudieran producir.

Otra área de mi trabajo como perito judicial informático colegiado consiste en informar al tribunal sobre las normas y reglamentos técnicos específicos que afectan a la actividad profesional como ingeniero técnico en informática, y que afectan al proceso que se enjuicia. No se trata de un dictamen jurídico, sino de auxiliar al tribunal en la valoración de normativa muy específica y concreta que se debe observar en el marco de una correcta praxis profesional.

También se me requiere como perito judicial informático colegiado para que realice volcados de datos al objeto de preservar información que pudiera ser necesaria a posteriori utilizar con plenas garantías procesales. Desde bases de datos de Whatsapp, publicaciones en redes sociales, a contenido de discos duros y sistemas operativos, se me encarga copiar y establecer una cadena de custodia digital efectiva que permita luego, de ser necesario, examinar dichas pruebas, evitando deterioro o pérdida de información. Hay que tener muy presente la alta volatilidad de las pruebas digitales y la facilidad con la que pueden ser alteradas o destruidas.

Como perito judicial informático colegiado se me requiere también para que de fe del estado actual de infraestructuras informáticas, bien para certificar taras, defectos, daños o incorrecto despliegue, bien para certificar el estado de una instalación una vez implantada y antes de su puesta en marcha. Con ello el proveedor de software busca poder certificar a posteriori el estado en el que se entregó y concluyó una prestación de servicios informáticos, evitando posteriores reclamaciones infundadas.

Otro de los ámbitos en los que actúo como perito judicial informático colegiado es en la valoración económica en el ámbito informático. Resulta de suma importancia ser capaz de valorar económicamente, y con argumentos sólidos y contrastables, daños producidos por ciberataques o defectos en sistemas informáticos que producen daños operativos y a terceros. También se me requiere como perito judicial informático colegiado para que valore económicamente infraestructuras informáticas como activos de diversas empresas, ya sea para introducirlos justificadamente en sus cuentas y balances, ya sea para su venta a terceros. También se me requiere valorar infraestructuras informáticas para indicar si el precio de venta se ajusta a mercado o resulta demasiado oneroso o el valor de licencias de software, utilizadas sin autorización o que desean ser vendidas a terceros en el marco de una compraventa.

Finalmente, se suele consultar al perito judicial informático colegiado, como experto profesional, para que resuelva consultas relativas a aspectos técnicos inherentes a la casuística propia de las pruebas digitales y de las posibilidades de comisión de diversos ilícitos utilizando herramientas informáticas. Así mismo, se me requiere como perito judicial informático colegiado para elaborar estudios técnicos sobre muy diversas cuestiones, normalmente en el ámbito corporativo: desde análisis de riesgos a elaboración de procedimientos de uso de herramientas informáticas en el ámbito laboral y un muy heterogéneo etcétera.

Como perito judicial informático auxilio también a múltiples empresas en sus planes de riesgo TI, protocolos de actuación y planes de Compliance Digital.