España condenada a indemnizar a un pederasta


Peritaje informático: España ha sido condenada a indemnizar a un pederasta por intervenir ilegalmente evidencias digitales durante el registro domiciliario.

España condenada a indemnizar a un pederasta

España condenada a indemnizar a un pederasta

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha estimado el recurso de Carlos T. R. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 2008 que le condenó a cuatro años de prisión por posesión y divulgación de imágenes pornográficas de menores. El acusado pidió la nulidad de las pruebas, alegando que el artículo 8 del Convenido de Derechos Humanos había sido violado cuando la Policía accedió al contenido y archivos de su ordenador sin autorización judicial.

Aunque el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional rechazaron ambos recursos contra su condena, ahora la Corte Europea le da la razón y obliga a España a indemnizar a un pederasta porque no se han perseguido de forma proporcional los objetivos legítimos de prevención del delito y protección de los derechos de los demás, necesarios en una sociedad democrática, según indica la sentencia.

La clave del caso

El Tribunal de Estrasburgo recuerda que en la legislación española se prevé la necesidad de una autorización judicial previa, salvo en caso de emergencia, para aprehender objetos, en este caso un ordenador, y acceder a los contenidos. La Sección Tercera de la Corte no ve acreditada la urgencia de la situación que obliga a la Policía a incautar el ordenador y examinar los archivos sin autorización de un juez, dado que no existía ningún riesgo inmediato de que estos ficheros desaparecieran.

El Tribunal no entra a valorar si efectivamente esta persona cometió o no el delito imputado, sino sobre la nulidad de las pruebas aportadas para conseguir dicha condena, dado que se vulneraron derechos fundamentales del acusado para dicha obtención.

Actuación negligente de la Policía

Como es bien sabido, la intervención domiciliaria para incautación de pruebas, en este caso, un ordenador personal, debe ser autorizada por un juez excepto en casos de justificada urgencia. Para recibir dicha autorización los Cuerpos de Seguridad deben documentar al juez instructor:

a) El posible delito.
b) Los indicios sugestivos de que dicho delito podría hallarse en curso de preparación o de ejecución por determinadas personas.
c) La actividad investigadora que condujo a la obtención de estos indicios sugestivos.

En este caso concreto no se hizo y tampoco existían causas de justificada urgencia, por lo que se violaron los derechos fundamentales de esta persona, tal y como falla el Tribunal de Estrasburgo. No todo vale para conseguir una condena, aún cuando se haya cometido un delito.

Fallos en intervenciones de evidencias digitales

No se trata, ni mucho menos, de un caso aislado a la hora de la elaboración de un pliego de cargos por parte de los Cuerpos de Seguridad con evidencias digitales de por medio. Son muy comunes la no conservación de la cadena de custodia de los elementos probatorios, así como el incorrecto análisis y documentación de las mismas al objeto de inferir de forma indubitada la comisión de un delito.

Como ejemplo este perito ya observó en un caso real informe de la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil sustentando la oportunidad de una serie de diligencias 6 meses después de haberse llevado a cabo esas diligencias, motivo por el que el juez de instrucción negó la intervención pretendida, aunque el Cuerpo persistiera en poner pliego de cargos en manos de la Justicia por supuesto delito de incitación al odio.

Recomendación

Ante cualquier intervención de evidencias digitales por parte de los Cuerpos de Seguridad, cuente con un perito informático legalmente habilitado que examine al detalle los pormenores de dicha intervención, dado que podrían estar vulnerándose sus derechos. Ahórrese problemas desde el principio para no tener que llegar, como en este caso, al Tribunal de Estrasburgo.

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Acerca de Pedro De La Torre

Soy perito informático judicial colegiado, legalmente habilitado para actuar ante los tribunales de Justicia, conferenciante y ponente habitual en jornadas sobre peritaje informático, ciberseguridad y tecnologías de la información. Consultor especializado en estrategia digital y seguridad de la información.

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