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Peritos judiciales informáticos: ¿Cuál es su labor y como se designan?

peritos judiciales informáticos

Los peritos judiciales informáticos son designados por el propio juez o tribunal en unas circunstancias muy concretas. Su labor, así como sus derechos y obligaciones están rodeados de una casuística especial que los diferencia de los peritos informáticos de parte.

¿Qué son los peritos judiciales informáticos?

Los peritos judiciales informáticos son profesionales designados por el juez o tribunal para que le auxilien en la valoración de pruebas digitales o de hechos derivados de las mismas. El perito informático judicial designado es un experto reconocido mediante estudios superiores que debe cubrir las carencias técnicas del juez en el ámbito informático, por lo demás muy complejo.

Los peritos judiciales informáticos ponen sus conocimientos, habilidad y/o práctica especializada en el ámbito de la ingeniería informática al servicio del tribunal o de la Fiscalía al objeto de que facilite informaciones o criterios en base a sus conocimientos y experiencia, derivando la función del perito informático judicial de la actividad profesional de este experto.

El dictamen pericial informático realizado por un perito judicial informático o por un perito informático de parte tienen, a priori, exactamente el mismo valor ante el tribunal, no contando con mayor fuerza probatoria el del perito judicial

Tipos de perito judicial

Existen dos tipos de perito judicial:

  • El perito judicial titular: Es aquel que cuenta con una titulación oficial en la materia objeto de la pericia.
  • El perito judicial no titular o entendido en la materia: Es aquel que no cuenta con titulación oficial en la materia objeto de la pericia, pero sí con experiencia en ese ámbito.

Tienen preferencia en la designación por el tribunal los peritos judiciales titulares. Sólo en caso de no haber ninguno disponible se nombra perito de entre los no titulares.

Existe un numerosísimo número de peritos judiciales informáticos no titulares que se hacen pasar por titulares con numerosas y peregrinas razones: que los estudios de informática no son oficiales, que si la profesión no está regulada, que si están colegiados en tal o cual asociación, etc. Incluso se da el caso de peritos de parte que se apellidan de judiciales en un vano intento de darse importancia y oficialidad.

Mucho cuidado, porque engañar a un juez, y a las propias partes, puede derivar en la nulidad de actuaciones además de responsabilidades civiles y penales. Este tema lo trataré a fondo en otro artículo.

¿Cuándo designan los tribunales a un perito judicial?

Además de en auxilio del propio juez o tribunal, los peritos judiciales informáticos pueden ser designados en las siguientes situaciones:

  • Cuando alguna de las partes sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita. En este caso la parte actora o el demandado deberán anunciar la solicitud de designación de perito judicial informático en sus escritos de demanda o contestación. La legislación española contempla expresamente la asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones Públicas. A su vez, el marco normativo establece que, excepcionalmente, y cuando por inexistencia de técnicos en la materia  de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones Públicas, ésta se llevará a cabo, si el juez o tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos judiciales informáticos designados de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal, entre los técnicos privados que correspondan.
  • Cuando el actor o el demandado lo soliciten en sus escritos iniciales al considerarlo conveniente o necesario para la defensa de sus intereses. En tal caso el Tribunal procederá a la designación de un perito judicial informático y el coste del dictamen tendrá que ser sufragado por la parte que lo haya solicitado, sin perjuicio de lo que se acuerde en materia de costas.
  • Cuando las partes soliciten la designación judicial del perito informático a consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias establecidas a lo largo de la actividad procesal.
designación por el tribunal del perito

¿Cómo designan los tribunales a los peritos judiciales informáticos?

Para la designación por el juzgado de los peritos judiciales informáticos, en el mes de enero de cada año ha de interesarse de los distintos colegios profesionales de informática, o, en su defecto, de asociaciones profesionales, el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como perito judicial informático.

Cuando se haya de designar a persona sin título oficial, se hará en calidad de práctica o entendida en la materia (nunca como perito), la designación se hará a partir de una lista requerida a sindicatos, asociaciones o análogos.

¿En qué consiste el trámite de designación del perito judicial?

En el mismo día de su designación o en el siguiente hábil, el letrado de la Administración de Justicia deberá comunicar a la persona su designación, requiriéndole para que en el plazo de 2 días manifieste si acepta el cargo. Si la persona designada aduce causa justa que le impide la aceptación, y el letrado de la Administración de Justicia lo considera suficiente, debe ser sustituida por la siguiente persona de la lista, y así sucesivamente, hasta que se pueda efectuar un nombramiento.

La persona designada como perito judicial informático puede solicitar, en los 3 días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que ha de ser a cuenta de la liquidación final.  El letrado de la Administración de Justicia deberá decidir, mediante decreto, sobre la provisión solicitada y ordenar a la parte o partes que hubieran propuesto la prueba pericial informática y no tuvieran derecho a asistencia gratuita que procedan a abonar la cantidad fijada en la cuenta de depósitos y consignaciones del tribunal en un plazo de 5 días. Transcurrido este plazo, si no se ha depositado la cantidad establecida, el perito judicial informático queda eximido de emitir dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación.

Finalización de la designación

Si el perito judicial informático ha sido designado de común acuerdo, y uno de los litigantes no realiza la parte de la consignación que le corresponde, el letrado de la Administración de Justicia ha de ofrecer a los demás litigantes la posibilidad de completar la cantidad que falta, indicando en ese caso los puntos sobre los que deba pronunciarse el dictamen, o de recuperar la cantidad depositada.

Tras haberse aceptado el nombramiento del perito informático, no puede alegarse la nulidad de la designación del perito por no poseer la cualificación necesaria después de conocer el contenido del dictamen pericial informático, si es claramente desfavorable a sus intereses.

derechos y deberes de los peritos judiciales

Derechos y deberes del perito judicial informático

Los peritos judiciales informáticos tienen una serie de derechos y obligaciones que determinan su labor:

Derechos del perito judicial

Los derechos básicos de todo perito judicial son:

  • Percibir los correspondientes honorarios, en tiempo y forma.
  • Ser tratado con cortesía y dignidad durante toda su intervención en el proceso, y por parte de todos los intervinientes en el mismo, así como por el propio juez o tribunal.
  • Ser titulares de la propiedad intelectual de sus dictámenes, con la sola excepción de los supuestos en que las tesis mantenidas por el perito funden la sentencia y puedan integrarse en el ámbito de la jurisprudencia.
  • Acceso a los medios necesarios para investigar y elaborar el dictamen.
  • Libertad del perito en el desarrollo de su trabajo, desde la designación por el tribunal hasta su elaboración, reconocimientos periciales e intervención en juicio.

Obligaciones de los peritos judiciales

Son obligaciones fundamentales de todo perito:

  • Deber de abstención de los peritos en los supuestos previstos en la ley.
  • Aceptación y juramento del cargo.
  • Obligación de comunicar un domicilio, y cualquier cambio que experimente el mismo.
  • Deber de comparecer en la sede del tribunal aunque el perito tenga su domicilio fuera de áquel.
  • Ratificar el dictamen, y formular cuantas aclaraciones se interesen sobre el mismo en la fase de vista oral.
  • Asunción del principio básico de imparcialidad cuando la ley obligue al perito judicial a que, cuando emita dictamen, manifieste que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración, tanto lo que pueda favorecer, como lo que pueda ser susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes.
  • Comportarse como le obliguen las normas profesionales y deontológicas de su ámbito de especialidad.
  • Asunción del cargo, salvo dispensa legal, cuando se trate de designación judicial y obre el perito en las correspondientes listas oficiales.

Los peritos judiciales informáticos están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda.

Labor de los peritos judiciales informáticos

El perito informático designado judicialmente remitirá por escrito su dictamen al tribunal mediante medios electrónicos en el plazo que se le haya señalado. Se dará traslado de dicho dictamen a las partes por si consideran necesario que el perito judicial informático concurra al juicio o vista a los efectos de aportar las explicaciones y aclaraciones oportunas.

labor de los peritos judiciales informáticos

Juramento o promesa del perito judicial

Todos los peritos judiciales informáticos deben prestar juramento o promesa de que van a actuar con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes.

Se trata de una fórmula ritual que debe figurar en el dictamen pericial informático para que éste sea considerado estrictamente como un dictamen pericial. 

El incumplimiento del juramento o promesa por parte de un perito informático puede derivar en responsabilidades penales. A tal efecto el Código Penal castiga dos conductas:

  • El perito que faltare a la verdad maliciosamente en su dictamen.
  • El perito que, sin faltar sustancialmente a la verdad, la altere con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le sean conocidos.

Los peritos informáticos judiciales en la vista oral

En la vista oral, a los peritos informáticos judiciales se les podrá requerir:

  • La explicación del dictamen o de alguno de sus puntos, cuyo significado no se considere suficientemente expresivo a efectos probatorios.
  • Respuestas a preguntas y objeciones de las partes sobre método, premisas, conclusiones y cualquier otro aspecto del dictamen pericial informático.
  • Afrontar la crítica del dictamen por otro perito informático designado por una de las partes.
  • Afrontar la formulación de las recusaciones que pudieran afectarle.
  • Responder a preguntas del propio tribunal sobre los distintos aspectos del dictamen.

Recusación del perito judicial informático

La recusación de los peritos judiciales informáticos es el procedimiento de remoción de los mismos tras su designación, provocando que se designe un nuevo perito. Únicamente los peritos designados judicialmente podrán ser recusados, no así los de parte, que sí podrán ser tachados.

En lo que concierne a los peritos judiciales informáticos las causas de recusación son:

  • El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal.
  • El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado o el procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa.
  • Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de éstas.
  • Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.
  • Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes.
  • Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo.
  • Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes.
  • Tener pleito pendiente con alguna de éstas.
  • Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.
  • Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.
  • Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.
  • Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso.
  • Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo.
  • Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso.

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